Directorio de la CNI y la CDILP debatió con especialistas las reformas a Ley de Pensiones

(La Paz, 1 de agosto de 2008).-  En la reunión Ordinaria Conjunta de Directorios de la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, realizada en fecha 29 de julio, se intercambiaron criterios sobre las propuestas de modificaciones a la ley de pensiones realizada por el Gobierno el mes de julio, la misma que fue considerada como “confiscatoria y que atenta contra la legalidad en el país”.

El experto en seguros y presidente de la AFP Futuro de Bolivia, Gonzalo Bedoya, quien fue invitado a exponer su punto de vista sobre este tema, manifestó que las reformas propuestas por el Gobierno para las pensiones “desde un punto de vista de imagen de país son negativas porque ahuyentan las inversiones”.

Bedoya, indicó además que en el caso específico de Futuro de Bolivia, esta AFP cuenta con normas internacionales estrictas de cumplimiento para lograr su transparencia, y que de acuerdo a la normativa legal, los contratos originalmente suscritos entre el Estado y las Asociaciones de Fondos de Pensiones, pueden ser disueltos sólo en caso de acuerdo de partes o incumplimiento de normas contractuales, si se comprueban malos manejos u otro tipo de irregularidades; condicionantes que en la actualidad no se dieron por lo que desde el punto de vista legal, no existe motivo para diluir dichos contratos.

Bedoya mostró números sobre afiliados, personas que reciben pensiones y las garantías y calidad de servicios de las AFP’s, principalmente en lo que respecta a la AFP Futuro de Bolivia. Indicó que su charla es eminentemente técnica dada su posición.

Por su parte,  Guillermo Aponte, ex superintendente de Pensiones Valores y Seguros, manifestó que los fondos actualmente administrados por las AFP’s cuentan con respaldo internacional, además que las AFP’s que operan en Bolivia son menos costosas en las comisiones en relación a otros países donde también se optó por este sistema.

Aponte, subrayó que  sólo hasta diciembre del año 2007, más de 40.000 personas reciben sus pensiones cada mes,  y serían afectadas con el nuevo proyecto de ley.